Las subastas de viviendas se multiplican por seis

J.M.Olarieta Alberdi

El Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su preocupación por la carga de trabajo que, a consecuencia del deterioro de la economía, recaerá sobre los juzgados de Primera Instancia, los mercantiles y los de lo Social, y también sobre los servicios de notificación de embargos. El boletín de información estadística del CGPJ, en el número correspondiente a octubre, alerta sobre el aumento de los procedimientos relacionados con las quiebras de empresas, los despidos, las reclamaciones de deudas y las ejecuciones hipotecarias.

Respecto a estas últimas, el Consejo advierte de que este año se alcanzará la cifra de 53.272 expedientes nuevos en España, lo que representa algo más del doble de las ejecuciones que se pusieron en marcha durante 2007 (25.943). Según las estadísticas del Consejo, el gran salto en la morosidad se produjo entre el tercer y cuarto trimestre de 2007, cuando se pasó de registrar 5.484 nuevas ejecuciones hipotecarias a 8.836.

Desde entonces, la entrada de procedimientos no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar la cifra de 12.930 sólo entre abril y junio pasados. Sin embargo el techo todavía no se ha alcanzado. El Consejo estima que durante 2009 el flujo se incrementará otro 30%, de modo que el balance del año ascenderá a más de 76.000 expedientes abiertos.

Según Justizianet, la página web de la Administración de Justicia en Vascongadas, el número de viviendas subastadas este año en los juzgados de la comunidad autónoma por el impago de la hipoteca se multiplicará por seis.

Las cifras son muy significativas porque la vivienda suele ser lo último que se deja de pagar cuando llegan los agobios económicos, y porque las subastas judiciales son igualmente el último paso que dan las sanguijuelas financieras para tratar de recuperar la deuda pendiente.

Los impagos de las hipotecas crecen debido al alto endeudamiento de las familias, a la subida del euríbor y al aumento del paro. Su aumento ha empezado a preocupar a los políticos burgueses. El gobierno autónomo vasco está renegociando con las cajas de ahorros el convenio que mantienen para financiar las promociones de vivienda protegida y para ofrecer condiciones ventajosas a los adjudicatarios. El objetivo del Departamento de Vivienda es buscar fórmulas para flexibilizar el pago de los créditos en el supuesto de que la crisis se agrave y afecte de lleno a los propietarios.