Cuba- Constitución socialista cumple 30 años

Javier Rodríguez*, E-Mail: serviex@prensa-latina.cu

La Habana.- La promulgación de una Constitución socialista en Cuba, que cumple ahora 30 años, dio inicio a una etapa fundamental para el proceso revolucionario y dejó definitivamente atrás la historia de las anteriores, siempre al servicio de explotadores e intereses foráneos.
Tras el referendo nacional llevado a cabo el 15 de febrero de 1976 y en el cual la población votó por abrumadora mayoría a favor de ponerla en vigencia, el país la proclamó el 24 de febrero del mismo año en acatamiento a la voluntad popular manifestada en forma tan concluyente.
No había sido un documento producto de conciliábulos estrechos o de coincidencia de grupos políticos tradicionales como era usual en la Cuba prerevolucionaria.
Tras su redacción se pidió al pueblo criterio sobre el contenido de la nueva Constitución y muchas de las modificaciones al anteproyecto se incorporaron después de su sanción en asambleas populares en todo el país.

No fue ese el único trámite previo a la aprobación final, pues, posteriormente, el proyecto recibió el acuerdo positivo del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba antes de someterlo al criterio de toda la población mediante el correspondiente referendo.

El preámbulo recalcó que los cubanos abrazan esta Constitución guiados por la doctrina victoriosa del marxismo-leninismo, apoyados en el internacionalismo proletario y decididos a llevar adelante la revolución triunfadora sustentada en la unidad de todo el pueblo.
El histórico pronunciamiento rechazó la explotación del hombre por el hombre que humilla a los explotados y reafirmó que solo el socialismo y el comunismo permiten alcanzar la elevación de la dignidad del ser humano.
La definición de la nueva República, fundada como colofón de la lucha victoriosa de los sectores populares, es la de un Estado socialista de obreros y campesinos junto a los restantes trabajadores manuales e intelectuales.

Todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado o inluso directamente.
De esta forma, el Estado socialista se proclama realizador de la voluntad del pueblo trabajador, protege su trabajo creador, dirige planificadamente la economía nacional y asegura el avance educacional, científico, ténico y cultural del país.

Uno de los cambios fundamentales establecidos en el país es la proclamación del sistema socialista de economía basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción, suprimiendo de esta forma la explotación del hombre por el hombre.
Ello se establece irreversiblemente sobre las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas, así como sobre el subsuelo, las minas, los recursos marítimos naturales y vivos dentro de la zona de su soberanía, los bosques, las aguas y las vías de comunicación.

Se extiende a los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte y cuantas empresas, bancos, instalaciones y bienes fueron nacionalizados y expropiados "a los imperialistas, latifundistas y burgueses".
El texto constitucional incluye en ese capítulo a las granjas, fábricas, empresas e instalaciones económicas, sociales, culturales y deportivas construidas, fomentadas o adquiridas por el Estado y a las que nazca en el futuro.

El articulado determinó que el Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional de acuerdo con el Plan Único de Desarrollo Económico Social.
Los objetivos de esta reorganización de la economía, también registrados por la novel Constitución, coinciden con satisfacer cada vez mas las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos.

Como resultado de la profunda reforma agraria realizada al inicio del proceso, se reconoció la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras y otros medios e instrumentos de producción, otorgándoles el derecho a asociarse entre sí, incluso para obtener créditos y servicios estatales.

La producción cooperativa es apoyada por el Estado que promueve ese tipo de incorporación para contribuir al auge de la economía nacional.
El comercio exterior, otrora dominado por las grandes compañías transnacionales, se declaró función exclusiva estatal, mediante la creación de las empresas necesarias para normar y regular las operaciones de exportación e importación.

La eliminación de la discriminación por motivos de raza, color, sexo u origen nacional y la consagración del derecho de todos a la educación, el empleo, salario, asistencia médica, vivienda y centros de cultura o deportes es otra de las conquistas plasmadas en el documento primario del país.
La organización del Poder Popular, columna vertebral del sistema revolucionario cubano, nació con la propia Carta Magna, remitiendo a la misma población el ejercicio de las decisiones para su desarrollo y vida diaria.

La Constitución aprobada sólo puede se reformada total y parcialmente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), mediante mayoría no menor de los dos tercios de sus integrantes, representantes elegidos por el pueblo.
En definitiva, la aplicación posterior de todas las disposiciones señaladas, ratificó el nacimiento de la nueva realidad social y económica en Cuba, que resistió y sigue resistiendo los embates de los gobiernos de Estados Unidos deseosos de hacer retroceder el reloj de la Historia.

*El autor es periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina.